El Gobierno del presidente Donald Trump puso en marcha una ofensiva diplomática con el objetivo de reducir el respaldo internacional a la Corte Penal Internacional (CPI), una iniciativa que busca limitar la capacidad de actuación del tribunal con sede en La Haya y frenar las investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses y de países aliados, entre ellos Israel.
De acuerdo con información divulgada por diversos medios internacionales, la administración estadounidense ha intensificado los contactos con gobiernos aliados para promover una estrategia orientada a "desmantelar" la influencia de la Corte Penal Internacional, al considerar que el organismo excede las competencias que le otorga el derecho internacional.
La ofensiva diplomática ocurre en un momento de alta tensión entre Washington y la CPI, especialmente después de que el tribunal avanzara en investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en distintos conflictos internacionales, incluidos aquellos vinculados con Israel y los territorios palestinos.
La posición de Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional no es nueva. Aunque el país participó en las negociaciones que dieron origen al Estatuto de Roma en 1998, nunca ratificó el tratado y, por tanto, no reconoce la jurisdicción obligatoria del tribunal sobre sus ciudadanos. Durante distintas administraciones, tanto republicanas como demócratas, Washington ha sostenido que la CPI no puede procesar a ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento del país.
Sin embargo, bajo el Gobierno de Trump esa postura se ha endurecido. La administración considera que las investigaciones abiertas por la Corte contra ciudadanos de Estados no miembros representan una amenaza para la soberanía nacional y para la actuación de sus fuerzas militares y funcionarios en el extranjero.
Como parte de esta estrategia, diplomáticos estadounidenses han iniciado conversaciones con gobiernos de diferentes regiones para persuadirlos de cuestionar públicamente las actuaciones de la Corte y reducir su respaldo político al organismo. La iniciativa también incluiría esfuerzos para fortalecer acuerdos bilaterales que limiten la cooperación con el tribunal y protejan a ciudadanos estadounidenses frente a eventuales órdenes de captura o procesos judiciales.
El Gobierno estadounidense argumenta que la Corte Penal Internacional fue creada para actuar únicamente cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren investigar crímenes graves, pero sostiene que el tribunal ha ampliado su alcance más allá de lo previsto originalmente por el Estatuto de Roma.
Por su parte, la CPI ha defendido reiteradamente la independencia de sus magistrados y fiscales, así como la legalidad de sus actuaciones. El tribunal sostiene que su mandato consiste en investigar y juzgar los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional, entre ellos genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, siempre dentro de los límites establecidos por el derecho internacional.
La nueva ofensiva diplomática también coincide con un contexto de creciente polarización internacional respecto al papel de los organismos multilaterales. Mientras algunos gobiernos respaldan el fortalecimiento de la justicia penal internacional como mecanismo para combatir la impunidad, otros consideran que la Corte ha asumido competencias que corresponden a la soberanía de los Estados.
Analistas en relaciones internacionales advierten que la campaña impulsada por Washington podría incrementar las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos, muchos de los cuales son firmantes del Estatuto de Roma y han reiterado su apoyo a la independencia de la Corte Penal Internacional.
Por ahora, la CPI no se ha pronunciado específicamente sobre la nueva estrategia diplomática atribuida al Gobierno estadounidense. Entretanto, la iniciativa abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre Washington y el principal tribunal penal permanente del mundo, cuya labor continúa siendo objeto de un intenso debate político y jurídico a nivel internacional.
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