Los directores de ICE, CBP y USCIS comparecieron ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara en una audiencia de más de tres horas. El Congreso tiene hasta el viernes para evitar un cierre parcial del gobierno.

El martes 10 de febrero, los máximos responsables de las agencias de inmigración del gobierno federal se sentaron frente al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre las tácticas de aplicación migratoria que han sacudido al país durante los últimos meses. El director interino de ICE, Todd Lyons, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, y el director de USCIS, Joseph Edlow, testificaron durante más de tres horas en una sesión marcada por la tensión bipartidista y la proximidad de una fecha límite que podría paralizar a una de las agencias más grandes del gobierno.

El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vence este viernes 13 de febrero. Si los legisladores no logran un acuerdo o aprueban una extensión temporal antes de esa fecha, agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Servicio Secreto y la Guardia Costera podrían verse obligadas a operar sin presupuesto aprobado, lo que afectaría directamente a millones de personas en todo el país.

El contexto detrás de la audiencia

Las comparecencias de ICE, CBP y USCIS fueron convocadas por el presidente del comité, el republicano Andrew Garbarino, luego de las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis: Renee Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero. Ambos casos generaron protestas masivas en todo el país y pusieron en el centro del debate la conducta de los agentes desplegados bajo la Operación Metro Surge, un operativo que llegó a concentrar aproximadamente 3.000 funcionarios federales en el área de Minneapolis-Saint Paul.

Durante su declaración de apertura, Lyons defendió las operaciones de su agencia y aseguró que los esfuerzos de deportación apenas están comenzando. Sin embargo, se negó a comprometerse con la remoción de las máscaras que usan los agentes durante los operativos, un punto que se ha convertido en una de las demandas centrales de la oposición.

Datos que contradicen la narrativa oficial

En medio de estas audiencias, un documento interno del DHS obtenido por CBS News reveló cifras que cuestionan la versión oficial sobre los objetivos de los operativos. Según esos registros, de las aproximadamente 393.000 detenciones realizadas por ICE entre enero de 2025 y enero de 2026, menos del 14 % involucraron a personas con cargos o condenas por delitos violentos. Cerca del 40 % de los detenidos no tenían ningún antecedente penal y enfrentaban únicamente cargos civiles de inmigración, como permanecer en el país sin autorización legal.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, respondió que delitos como el narcotráfico, el robo y la conducción bajo los efectos del alcohol están clasificados como no violentos en esas estadísticas, lo que, según la agencia, distorsiona el panorama general.

Lo que está en juego este viernes

Los demócratas, liderados por el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, presentaron un plan de 10 puntos que incluye cámaras corporales obligatorias, la prohibición de máscaras durante operativos, la exigencia de órdenes judiciales, no administrativas, para ingresar a propiedades privadas y la verificación de ciudadanía antes de cualquier detención migratoria. Algunas de estas propuestas, como las cámaras corporales, cuentan con apoyo bipartidista. La propia secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que el programa de cámaras se expandiría a nivel nacional según lo permita el presupuesto.

Sin embargo, los republicanos han calificado la mayoría de las exigencias demócratas hacia el ICE, CBP y USCIS como improcedentes. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dio el martes un primer paso legislativo para preparar una votación, pero reconoció que el tiempo es extremadamente limitado y que cualquier avance requiere cooperación demócrata.

Si el financiamiento caduca, las operaciones de ICE, CBP y USCIS continuarían gracias a los más de $70.000 millones aprobados el verano pasado a través del One Big Beautiful Bill Act. Pero las reformas exigidas por los demócratas —y el funcionamiento de agencias no relacionadas con inmigración como TSA y FEMA— quedarían en el limbo.

Lo que está en juego esta semana no es solo un presupuesto. Es la posibilidad de que el Congreso establezca límites reales sobre cómo opera la maquinaria de aplicación migratoria más grande del mundo, en un momento en que la opinión pública comienza a inclinarse hacia la exigencia de mayor supervisión.

Para los venezolanos que perdieron su TPS, y para todas las familias latinas que viven bajo el peso de la incertidumbre migratoria, el resultado de esta semana tendrá consecuencias directas.

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