Miles de venezolanos que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan nuevamente el riesgo de deportación, a pesar de un fallo judicial reciente que había frenado parcialmente las expulsiones. Organizaciones de derechos civiles advierten que la incertidumbre persiste debido a apelaciones en curso y a revisiones administrativas dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El TPS fue otorgado a ciudadanos venezolanos por la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa el país sudamericano. Sin embargo, nuevas directrices migratorias impulsadas por la administración federal reabrieron el debate sobre su continuidad. Aunque un juez federal dictaminó que ciertas cancelaciones del programa eran improcedentes, abogados especializados alertan que la protección no es absoluta y que cada caso está siendo evaluado individualmente.
Activistas denuncian que algunos beneficiarios ya han recibido notificaciones de comparecencia ante tribunales migratorios, lo que incrementa el temor entre comunidades venezolanas en Florida, Texas y Nueva York. Las asociaciones comunitarias recomiendan mantener la documentación actualizada y buscar asesoría legal inmediata para quienes tengan procesos pendientes.
Desde el DHS, funcionarios señalaron que respetan la orden judicial vigente, pero confirmaron que revisan el alcance del fallo y posibles ajustes regulatorios. La administración sostiene que debe equilibrar decisiones humanitarias con la aplicación de la ley migratoria.
Expertos en derecho migratorio consideran que el futuro del TPS para venezolanos dependerá de resoluciones judiciales adicionales y de eventuales decisiones políticas en el Congreso. Mientras tanto, miles de familias viven en un limbo legal que afecta su estabilidad laboral, acceso a vivienda y bienestar emocional.
El caso se suma a un debate más amplio sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y el papel de los tribunales en frenar o respaldar medidas ejecutivas. Para muchos venezolanos, el temor a ser deportados contrasta con la esperanza de que el fallo judicial derive en una extensión definitiva del programa y una vía más estable para permanecer legalmente en el país.
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