La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ofensiva para restringir el acceso de los inmigrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal al sistema financiero del país. La medida contempla nuevas directrices para que bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras refuercen los controles sobre clientes y solicitantes de préstamos, en el marco de la estrategia migratoria impulsada por la Casa Blanca.
Según informó la agencia Associated Press (AP), este lunes tres de los principales reguladores bancarios de Estados Unidos —la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA)— emitirán lineamientos recordando a las entidades financieras la importancia de fortalecer los procedimientos de "Conozca a su Cliente" (Know Your Customer o KYC) para evaluar los riesgos asociados con los préstamos otorgados a personas que no están autorizadas para trabajar en el país.
Las agencias sostienen que los inmigrantes sin autorización laboral podrían representar un mayor riesgo crediticio debido a la posibilidad de ser deportados antes de cumplir con sus obligaciones financieras. En consecuencia, recomiendan a las instituciones financieras evaluar cuidadosamente la capacidad y disposición de los prestatarios para cumplir con los términos de sus créditos.
Aunque las nuevas directrices no ordenan expresamente a los bancos cerrar cuentas o negar préstamos a inmigrantes en situación irregular, sí buscan incentivar a las entidades a revisar con mayor rigurosidad este tipo de relaciones comerciales y a considerar el estatus migratorio como un factor dentro de sus políticas de gestión de riesgos.
La iniciativa hace parte de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, mediante la cual instruyó a las agencias federales y a los reguladores financieros a examinar con mayor detalle la ciudadanía y el estatus migratorio de quienes utilizan el sistema bancario estadounidense. Como resultado, las autoridades buscan identificar posibles casos en los que personas sin autorización legal hayan abierto cuentas, obtenido préstamos o accedido a tarjetas de crédito.
Dentro de las recomendaciones que serán emitidas, los reguladores instan a las instituciones financieras a "identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos mediante prácticas de suscripción seguras y sólidas", evaluando la capacidad de pago de cada solicitante antes de aprobar productos financieros.
La estrategia también se complementa con otras acciones impulsadas por el Departamento del Tesoro. En mayo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un aviso a los bancos para que permanezcan atentos a posibles casos de robo de identidad, fraude en impuestos sobre nómina y esquemas de lavado de dinero relacionados con la contratación de personas sin autorización para trabajar en Estados Unidos.
Ese documento incluye más de una docena de señales de alerta que las entidades financieras deben considerar para detectar posibles actividades irregulares vinculadas con inmigrantes en condición migratoria irregular.
La Casa Blanca también anunció recientemente modificaciones relacionadas con beneficios fiscales. El Departamento del Tesoro informó que determinados créditos tributarios reembolsables serán reclasificados como beneficios públicos federales, lo que impediría que algunos inmigrantes puedan acceder a ellos, incluso si presentan sus declaraciones de impuestos y cumplen con sus obligaciones tributarias.
Especialistas en política fiscal han advertido que este cambio podría afectar no solo a inmigrantes sin estatus legal, sino también a beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a personas protegidas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes actualmente residen y trabajan legalmente en Estados Unidos bajo programas específicos.
Las nuevas medidas forman parte del endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump y reflejan un enfoque que busca limitar el acceso de los inmigrantes sin autorización a distintos servicios públicos y financieros. Mientras sus defensores sostienen que estas acciones fortalecen la seguridad del sistema financiero, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que podrían aumentar la exclusión financiera y dificultar el acceso a servicios básicos para millones de personas.
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