Las nuevas medidas financieras impulsadas por la administración del presidente Donald Trump podrían provocar que un mayor número de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente aquellos que carecen de estatus migratorio legal, opten por manejar su dinero exclusivamente en efectivo ante el temor de perder acceso al sistema bancario, según advierten expertos en el sector financiero y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
La preocupación surge después de que reguladores federales anunciaran nuevas directrices dirigidas a bancos y cooperativas de crédito para reforzar los controles sobre clientes y solicitantes de préstamos que no cuentan con autorización para trabajar en Estados Unidos. Las agencias consideran que estas personas representan un mayor riesgo crediticio debido a la posibilidad de ser deportadas antes de cumplir con sus obligaciones financieras.
Aunque las disposiciones no prohíben expresamente que los inmigrantes sin estatus legal abran cuentas bancarias o accedan a determinados servicios financieros, especialistas sostienen que las entidades podrían endurecer voluntariamente sus procesos de evaluación para reducir riesgos regulatorios, lo que desincentivaría a muchos migrantes a utilizar bancos tradicionales.
Diversas organizaciones que trabajan con comunidades migrantes consideran que este escenario podría traducirse en un aumento del uso de dinero en efectivo para el pago de salarios, alquileres y compras diarias. Sin embargo, advierten que depender del efectivo también incrementa la exposición a robos, dificulta la construcción de historial crediticio y limita el acceso a productos financieros como préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito.
Las nuevas orientaciones forman parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para restringir la interacción de los inmigrantes sin autorización con el sistema financiero estadounidense. En mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento del Tesoro y a los reguladores bancarios a fortalecer los controles sobre la identidad y el estatus migratorio de los clientes, argumentando que la medida busca proteger la integridad del sistema financiero y reducir riesgos asociados al fraude y al incumplimiento de obligaciones crediticias.
Como complemento a esa estrategia, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió recientemente un aviso en el que pidió a las entidades financieras estar atentas a posibles casos de robo de identidad, fraude tributario y lavado de dinero relacionados con la contratación de personas que no están autorizadas para trabajar en Estados Unidos. El documento incluye varias señales de alerta que los bancos deben considerar al evaluar determinadas operaciones financieras.
Expertos en inclusión financiera advierten que, si un mayor número de inmigrantes abandona el sistema bancario, podrían surgir efectos no deseados tanto para las familias como para la economía. Al operar únicamente con efectivo, muchas personas tendrían mayores dificultades para ahorrar de forma segura, enviar remesas, acceder a créditos o demostrar solvencia económica para alquilar una vivienda o iniciar un negocio. Además, la reducción del uso de servicios financieros formales puede favorecer el crecimiento de mecanismos informales de préstamo, generalmente más costosos y menos regulados.
Por su parte, la administración Trump sostiene que las medidas no buscan excluir a ningún grupo de manera automática, sino recordar a las instituciones financieras la importancia de aplicar correctamente las normas de gestión del riesgo y los procedimientos de "Conozca a su Cliente" (Know Your Customer o KYC). No obstante, organizaciones civiles consideran que el efecto práctico podría ser un mayor aislamiento financiero de millones de inmigrantes, incluso de algunos que cuentan con programas migratorios temporales como DACA o el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Mientras las nuevas directrices comienzan a implementarse, el debate continúa entre quienes defienden un mayor control del sistema financiero como herramienta para reforzar la política migratoria y quienes advierten que limitar el acceso a la banca podría aumentar la vulnerabilidad económica de comunidades enteras sin resolver el problema de fondo.
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