Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, alcanzó este miércoles un acuerdo histórico con fiscales generales de Estados Unidos para poner fin a una serie de demandas que acusaban a la compañía de diseñar sus plataformas de manera que fomentaban el uso adictivo entre niños y adolescentes.
El acuerdo contempla pagos de hasta 18.000 millones de dólares y una serie de cambios importantes en la forma en que los menores podrán utilizar Facebook e Instagram. El pacto pone fin a un juicio de alto perfil que había comenzado en California y que involucraba a decenas de estados.
La demanda sostenía que Meta había desarrollado determinadas funciones de sus plataformas para mantener a los jóvenes conectados durante el mayor tiempo posible, incluso mientras la compañía conocía los posibles efectos negativos de ese uso sobre la salud mental.
Los estados también acusaron a Meta de haber engañado al público sobre los riesgos de sus productos y de haber recopilado información de menores sin cumplir adecuadamente con las normas de privacidad infantil.
Meta no admitió responsabilidad ni haber cometido irregularidades como parte del acuerdo. Sin embargo, aceptó realizar cambios significativos en Facebook e Instagram para resolver las reclamaciones.
Uno de los principales cambios será la implementación de un límite predeterminado de dos horas diarias para los usuarios adolescentes. El límite podrá modificarse con autorización de los padres.
La compañía también establecerá un bloqueo nocturno de sus aplicaciones entre medianoche y las 6:00 de la mañana, con el objetivo de reducir el uso durante las horas destinadas al descanso.
Además, Meta establecerá un denominado modo escolar, que silenciará las notificaciones durante determinadas horas del día, entre ellas el horario habitual de clases.
La empresa también deberá reforzar sus mecanismos para determinar la edad de los usuarios y detectar cuentas que podrían pertenecer a menores de 13 años.
Otra de las medidas contempla restricciones sobre las interacciones entre adolescentes y adultos considerados potencialmente inapropiados. Meta también limitará la recomendación de determinados perfiles a usuarios jóvenes.
Los adolescentes tendrán, además, nuevas opciones para controlar el contenido que reciben. Entre las medidas contempladas está la posibilidad de desactivar determinados feeds personalizados mediante algoritmos, una de las características que los demandantes consideran relacionadas con el uso compulsivo de las plataformas.
El acuerdo también establece restricciones sobre algunas funciones que pueden afectar la experiencia de los menores, incluyendo la visualización de los números de "me gusta" y determinadas herramientas de filtros.
En el caso de Massachusetts, el acuerdo tiene una relevancia particular. La fiscal general Andrea Joy Campbell anunció que el estado recibirá al menos 366 millones de dólares, destinados a enfrentar los daños asociados al uso perjudicial de las redes sociales entre los jóvenes.
Nueva York, por su parte, podría recibir hasta 1.150 millones de dólares, que serán destinados a programas de educación y servicios para jóvenes que enfrentan problemas relacionados con el uso poco saludable de las redes sociales.
El acuerdo es considerado uno de los mayores pactos alcanzados contra una compañía tecnológica en Estados Unidos y ha sido comparado con los históricos acuerdos alcanzados décadas atrás con la industria tabacalera.
La dimensión económica del acuerdo, sin embargo, no es el único aspecto que llama la atención. Para los fiscales estatales, el cambio en las reglas de funcionamiento de Facebook e Instagram podría tener un impacto más duradero que las compensaciones económicas.
El pacto también busca generar presión sobre otras grandes plataformas utilizadas por menores, especialmente TikTok y YouTube.
Una parte del dinero comprometido por Meta está condicionada a que otras plataformas adopten medidas similares de protección para adolescentes. En particular, aproximadamente el 30 % del acuerdo, unos 5.300 millones de dólares, dependerá de que TikTok y YouTube implementen determinadas restricciones y aporten recursos equivalentes.
La intención es evitar que los jóvenes simplemente abandonen una plataforma para trasladar los mismos patrones de comportamiento a otra.
El caso se originó en 2023, cuando una coalición de estados presentó una demanda contra Meta. Los fiscales argumentaron que la compañía había utilizado funciones diseñadas para "enganchar" a los usuarios jóvenes y aumentar el tiempo que permanecían conectados.
La disputa llegó a convertirse en uno de los principales enfrentamientos legales entre los gobiernos estatales y las grandes compañías tecnológicas por el impacto de las redes sociales en los menores.
Florida decidió no formar parte del acuerdo y continuará su propia batalla legal contra Meta, al considerar que las condiciones pactadas son insuficientes. Nuevo México tampoco participa en el acuerdo principal y ya había obtenido previamente una resolución contra la compañía con una sanción cercana a los 1.000 millones de dólares.
El acuerdo también podría tener consecuencias para cientos de demandas adicionales presentadas por familias, distritos escolares y otras organizaciones que atribuyen a las redes sociales parte de los problemas de salud mental que afectan a niños y adolescentes.
De hecho, numerosos distritos escolares estadounidenses han presentado demandas contra empresas tecnológicas buscando compensaciones por los costos relacionados con problemas de salud mental entre sus estudiantes.
Para Meta, el acuerdo permite evitar la continuación de un juicio que podía generar enormes riesgos legales y financieros. La compañía enfrentaba reclamaciones potenciales por cantidades mucho mayores a las finalmente pactadas.
Al mismo tiempo, el caso marca un precedente sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas frente a los menores y podría impulsar nuevas regulaciones y acuerdos contra otras compañías.
El pacto tendrá una duración de 10 años y requerirá supervisión para comprobar que Meta cumple con las nuevas obligaciones.
La compañía continuará utilizando publicidad personalizada y recomendaciones algorítmicas, aunque deberá ofrecer a los menores y sus familias mayores controles sobre determinadas funciones.
El acuerdo todavía representa un punto de inflexión en la relación entre las grandes plataformas digitales y los gobiernos estadounidenses: por primera vez, una compañía de este tamaño acepta modificar de manera significativa algunas de las características fundamentales de sus redes sociales como parte de un acuerdo centrado específicamente en la protección de los menores.
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