La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, y la fiscal general Andrea Joy Campbell recordaron a estudiantes y personal académico que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden ingresar a residencias universitarias ni a otras áreas no públicas de los campus sin una orden judicial válida.
El pronunciamiento se produce luego de que agentes de ICE presuntamente mintieran sobre la existencia de un menor desaparecido para ingresar a una residencia estudiantil de Columbia University y arrestar a un estudiante la semana pasada.
Healey calificó el hecho como “indignante” y aseguró que los agentes federales no tienen derecho a entrar en instalaciones privadas —incluidos dormitorios universitarios— sin presentar una orden firmada por un juez. “Queremos que estudiantes y personal en Massachusetts conozcan sus derechos. ICE no puede ingresar a instalaciones privadas sin una orden judicial, y ustedes tienen derecho a exigir verla”, afirmó.
Por su parte, Campbell señaló que cuando los agentes ingresan a viviendas universitarias privadas sin una orden judicial, “eso no es aplicación de la ley, es un comportamiento fuera de control”. Indicó que su oficina mantiene contacto activo con colegios y universidades para ofrecer orientación y apoyo directo que permita proteger a estudiantes, profesores y trabajadores.
Las autoridades recordaron que esta guía aplica tanto a instituciones públicas como privadas que brindan servicios educativos o de cuidado infantil, incluidos programas de cuidado, escuelas K-12, colegios y universidades. Recomiendan designar claramente las áreas no públicas dentro de sus instalaciones —como aulas, oficinas, pasillos, escaleras, dormitorios, laboratorios y despachos— y señalizarlas adecuadamente.
En enero, Healey firmó una orden ejecutiva que instruye a la Oficina Ejecutiva de Educación a trabajar con instituciones de educación superior para establecer protocolos claros ante interacciones con oficiales federales de inmigración, exigiendo siempre una orden judicial para ingresar a espacios no públicos.
Además, la fiscal general publicó una guía titulada “Conozca sus derechos”, destinada a ayudar a inmigrantes, familias y comunidades a comprender el marco legal básico que regula las acciones de ICE, el papel de la policía local y qué hacer en caso de ser abordados por agentes migratorios.
Healey también presentó legislación para impedir la presencia de ICE en tribunales, escuelas, guarderías, hospitales e iglesias; prohibir que otro estado despliegue su Guardia Nacional en Massachusetts sin autorización del gobernador; y permitir que padres puedan designar previamente la tutela de sus hijos en caso de detención o deportación.
La orden ejecutiva también prohíbe al estado firmar nuevos acuerdos 287(g) sin necesidad de seguridad pública, realizar arrestos civiles de inmigración en áreas no públicas de instalaciones estatales y utilizar propiedades estatales como centros de operaciones para la aplicación de leyes migratorias.
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