país suspender la mayoría de las detenciones y persecuciones de vehículos utilizadas durante operativos migratorios, luego de dos tiroteos mortales registrados en menos de una semana en los estados de Maine y Texas.
La decisión fue adoptada por la administración del presidente Donald Trump después de que ambos incidentes desataran fuertes cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales y provocaran protestas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, así como de autoridades locales y legisladores.
De acuerdo con fuentes citadas por Associated Press y Reuters, la nueva directriz ordena suspender la mayoría de las detenciones de vehículos con fines migratorios mientras la agencia revisa sus procedimientos operativos. No obstante, la medida contempla excepciones para casos que involucren personas con órdenes de captura por delitos graves o cuando los agentes actúen conjuntamente con otras agencias policiales.
El cambio ocurre después de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, quien falleció durante un operativo de ICE en Biddeford, Maine. Según la versión oficial, un agente abrió fuego al considerar que el vehículo representaba una amenaza para la seguridad pública cuando intentó abandonar el lugar. Sin embargo, familiares, testigos y dirigentes políticos han cuestionado esa versión y han solicitado una investigación independiente.
Días antes, otro operativo en Houston, Texas, terminó con la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. ICE aseguró que el conductor intentó embestir a los agentes con una camioneta, aunque testigos afirmaron que las circunstancias fueron diferentes, lo que incrementó las críticas hacia las tácticas empleadas por la agencia.
Ambos casos reavivaron el debate sobre los protocolos de actuación durante las operaciones migratorias. Uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado es que los agentes involucrados en el caso de Maine no portaban cámaras corporales, lo que dificulta esclarecer exactamente cómo ocurrieron los hechos. Legisladores federales y organizaciones civiles han pedido que el uso de estos dispositivos sea obligatorio en futuras operaciones.
Aunque ICE no ha divulgado oficialmente todos los detalles de la nueva política por motivos de seguridad operativa, fuentes cercanas a la agencia indicaron que la suspensión busca disminuir el riesgo de enfrentamientos mientras se revisan los procedimientos para las detenciones de vehículos. La medida no implica el fin de las operaciones migratorias, sino una modificación en una de las tácticas utilizadas para ejecutar arrestos.
La decisión representa un cambio significativo dentro de la estrategia migratoria impulsada por la administración Trump, caracterizada por el incremento de operativos para localizar y detener a inmigrantes con órdenes de deportación. Desde el inicio del segundo mandato presidencial, organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado un aumento en los enfrentamientos durante este tipo de intervenciones y han pedido una revisión de los protocolos sobre el uso de la fuerza.
Mientras avanzan las investigaciones sobre los casos de Maine y Texas, la suspensión de las persecuciones vehiculares busca reducir el riesgo de nuevos incidentes y responder a la creciente presión pública sobre las prácticas de ICE. No obstante, el debate sobre el equilibrio entre el cumplimiento de la ley migratoria y la protección de los derechos humanos continúa ocupando un lugar central en la discusión política de Estados Unidos.
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