Las autoridades de Massachusetts han recordado a estudiantes y personal universitario que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen derecho a entrar en instalaciones privadas de los campus, incluidas las residencias estudiantiles, sin una orden judicial válida. El aviso llega después de que se informara de que agentes federales habrían mentido sobre la desaparición de un menor para acceder a una residencia de la Universidad de Columbia y arrestar a un estudiante la semana pasada.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, calificó el incidente de “indignante” y criticó el comportamiento de los agentes federales. Según Healey, el caso refleja una práctica preocupante en la que agentes federales no entrenados actúan siguiendo las directrices del presidente Donald Trump, lo que, según ella, acaba haciendo que la sociedad sea menos segura.
“Queremos asegurarnos de que los estudiantes y el personal de las universidades de Massachusetts conozcan sus derechos”, afirmó Healey. “ICE no tiene derecho a entrar en instalaciones privadas, incluidas las residencias universitarias, sin una orden judicial, y cualquier persona tiene derecho a exigir verla”.
La fiscal general del estado, Andrea Joy Campbell, subrayó que la ley exige una orden firmada por un juez para que los agentes puedan acceder a alojamientos privados en campus universitarios. “Cuando agentes de ICE entran en viviendas privadas del campus sin una orden firmada por un juez, eso no es actuación policial: es un comportamiento fuera de la ley”, afirmó.
Campbell añadió que su oficina mantiene contacto con universidades y colegios para proporcionar orientación y apoyo directo que ayude a proteger a estudiantes, profesores y personal.
Orientación para universidades y centros educativos
La guía difundida por las autoridades estatales se aplica a cualquier entidad pública o privada que preste servicios educativos o de cuidado infantil al público, incluidas guarderías, escuelas de primaria y secundaria, así como universidades. En este contexto, se anima a estas instituciones a identificar dentro de sus instalaciones las áreas que no son públicas y a señalizarlas claramente.
Entre los espacios considerados no públicos se incluyen aulas, oficinas, pasillos y escaleras. En el caso de instituciones de educación superior, también se consideran espacios privados las residencias estudiantiles, los laboratorios de investigación y las oficinas de profesores y personal administrativo.
En enero, Healey firmó una orden ejecutiva que instruye a la Oficina Ejecutiva de Educación a trabajar con universidades y colegios para asegurar que cuenten con políticas y directrices claras para el personal que pueda interactuar con agentes federales de inmigración. Estas políticas incluyen el requisito de presentar una orden judicial para acceder a áreas no públicas.
La oficina de la gobernadora y la de la fiscal general están preparando además una actualización de las directrices destinadas a los centros educativos, con recomendaciones sobre cómo actuar ante la presencia de agentes federales de inmigración. Se espera que este documento esté disponible próximamente.
Guía sobre derechos y nuevas propuestas legislativas
Por su parte, la fiscal general Campbell ha publicado una guía titulada “Know Your Rights” (“Conozca sus derechos”), dirigida a inmigrantes, familias y comunidades. El documento explica el marco legal básico de las actuaciones de ICE y responde a preguntas frecuentes sobre el papel de la policía local y sobre qué deben saber las personas cuando ellas mismas o alguien cercano es abordado por agentes de inmigración.
La guía también ofrece recursos adicionales para diferentes actores, entre ellos proveedores de servicios, profesionales sanitarios, escuelas de primaria y secundaria y universidades.
En paralelo, Healey ha presentado un proyecto legislativo que busca impedir que ICE realice operaciones en tribunales, escuelas, guarderías, hospitales y lugares de culto. La propuesta también pretende impedir que otro estado despliegue su Guardia Nacional en Massachusetts sin el permiso de la gobernadora, así como permitir que los padres puedan establecer previamente la tutela de sus hijos en caso de ser detenidos o deportados.
La orden ejecutiva firmada por Healey también establece que el estado no firmará nuevos acuerdos de cooperación con ICE bajo el programa 287(g), salvo cuando exista una necesidad de seguridad pública. Asimismo, prohíbe que ICE realice detenciones civiles en áreas no públicas de instalaciones estatales y el uso de propiedades del estado como centros de preparación para operaciones de control migratorio.
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