El Departamento de Justicia de Estados Unidos finalizó una nueva normativa que permitirá a determinadas personas que perdieron sus derechos federales sobre armas debido a condenas penales solicitar que estos sean restaurados. La medida revive un mecanismo que permaneció prácticamente inactivo durante más de tres décadas.
La nueva vía se basa en la sección 925(c) de la legislación federal, que permite al fiscal general conceder una exención a determinadas personas sujetas a la prohibición federal de poseer armas de fuego. El Departamento de Justicia indicó que durante 2026 comenzará a implementar el programa de restauración federal de derechos sobre armas por etapas.
La normativa establece que las personas interesadas deberán presentar una solicitud y proporcionar información sobre sus antecedentes. Cada caso será analizado de manera individual, incluyendo la naturaleza de la condena, el comportamiento posterior y el posible riesgo que pudiera representar para la seguridad pública.
La decisión supone un cambio importante porque el mecanismo previsto por la ley llevaba décadas sin funcionar de manera efectiva. El Congreso había impedido durante años que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) utilizara fondos para procesar estas solicitudes, lo que dejó prácticamente paralizado el procedimiento.
Con la nueva regulación, el Departamento de Justicia asumirá directamente la administración del proceso. El objetivo es establecer un procedimiento mediante el cual determinados ciudadanos puedan demostrar que ya no representan un peligro y solicitar que se levante la prohibición federal.
Sin embargo, la medida no significa que todas las personas condenadas por delitos graves podrán recuperar automáticamente sus armas. El reglamento contempla categorías de delitos y circunstancias que pueden hacer que una solicitud sea presumiblemente descalificada. También permite al fiscal general considerar las circunstancias concretas detrás de una condena.
Los delitos violentos, determinados delitos sexuales y otras situaciones consideradas de alto riesgo tendrán mayores restricciones. La condición migratoria también puede ser determinante para la elegibilidad.
El cambio forma parte de la agenda de la Administración de Donald Trump relacionada con la interpretación de los derechos protegidos por la Segunda Enmienda. El Departamento de Justicia ha defendido que las prohibiciones federales no deberían aplicarse necesariamente de manera permanente a personas que ya cumplieron sus condenas y que no representan una amenaza para la sociedad.
La decisión, sin embargo, podría generar un intenso debate político y jurídico. Organizaciones defensoras del control de armas podrían cuestionar los posibles riesgos de permitir que personas con determinados antecedentes recuperen el acceso a armas de fuego, mientras que grupos favorables a la Segunda Enmienda consideran que los derechos constitucionales no deberían quedar anulados de manera permanente después de cumplir una condena.
El Departamento de Justicia prevé que el programa avance durante los próximos meses. Según la información oficial, 30 días después de la publicación de la norma se invitará a candidatos a presentar solicitudes y 75 días después se abrirá el proceso al público, inicialmente con un límite de 5.000 solicitantes.
La nueva normativa abre así un capítulo en el debate estadounidense sobre seguridad pública, rehabilitación y derechos constitucionales, al permitir que algunas personas con antecedentes penales puedan volver a solicitar un derecho que habían perdido.
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