Una coalición de sindicatos, organizaciones educativas y grupos de defensa presentó una demanda contra el Gobierno federal de Estados Unidos para intentar bloquear una nueva norma migratoria que establece límites de tiempo para la permanencia de determinados extranjeros en el país.
La demanda fue presentada el 18 de agosto de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts y cuestiona una regulación impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la administración del presidente Donald Trump.
La nueva normativa modifica el sistema conocido como “Duration of Status”, bajo el cual muchos estudiantes internacionales podían permanecer legalmente en Estados Unidos durante el tiempo necesario para completar su programa académico, siempre que mantuvieran las condiciones de su estatus migratorio.
Con las nuevas reglas, los estudiantes internacionales con visas F y determinados visitantes de intercambio con visas J tendrían un periodo máximo de permanencia de cuatro años antes de necesitar una extensión. Para los periodistas extranjeros con visas I, el límite sería de 240 días, mientras que para periodistas de nacionalidad china se establecería un máximo de 90 días.
La norma está programada para entrar en vigor el 15 de septiembre de 2026, por lo que los grupos demandantes buscan que el tribunal intervenga antes de esa fecha.
Entre quienes presentaron la demanda se encuentran organizaciones vinculadas con la educación superior y la inmigración, sindicatos de profesores y trabajadores, así como The NewsGuild-CWA, que representa a periodistas, y otros sindicatos nacionales.
Los demandantes sostienen que los cambios podrían tener consecuencias graves para las universidades estadounidenses, los estudiantes internacionales y los investigadores. En el documento judicial calificaron las modificaciones como “catastróficas” y argumentaron que podrían desalentar a estudiantes extranjeros de elegir Estados Unidos como destino académico.
Uno de los principales argumentos es que estudiantes que realizan programas académicos prolongados, como doctorados o investigaciones, podrían verse obligados a solicitar extensiones durante sus estudios, aumentando la carga administrativa y la incertidumbre sobre su permanencia legal.
Las organizaciones también alertan sobre el impacto en las universidades, que dependen de estudiantes, profesores e investigadores provenientes de otros países para sus programas académicos y de investigación.
En el caso de los periodistas extranjeros, la reducción del periodo de permanencia podría dificultar la cobertura de acontecimientos en Estados Unidos durante asignaciones prolongadas. El NewsGuild-CWA calificó la medida como un ataque contra los periodistas y la libertad de prensa.
El Gobierno de Trump, por su parte, defiende la regulación. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional calificó la demanda de “performativa” y afirmó que las nuevas reglas buscan combatir el fraude relacionado con las visas y garantizar que quienes ingresan al país cumplan realmente con el propósito de su estancia.
La disputa ahora queda en manos de la justicia federal. El principal objetivo de los demandantes es conseguir que el tribunal bloquee la entrada en vigor de la norma antes del 15 de septiembre.
El caso podría convertirse en otro importante enfrentamiento judicial sobre la política migratoria de la administración Trump y sus efectos sobre la educación superior, la investigación académica y el trabajo de periodistas extranjeros en Estados Unidos.
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