La política migratoria de Estados Unidos adquirió una nueva dimensión en Centroamérica durante 2026, con Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá convertidos en piezas de una creciente red de deportaciones y traslados de migrantes desde territorio estadounidense.
El sistema alcanzó en julio uno de sus mayores niveles de actividad desde que comenzó el registro de vuelos de cumplimiento migratorio en 2020. Ese mes se contabilizaron 2.159 vuelos, de los cuales 329 correspondieron a deportaciones internacionales hacia 37 países. Cerca de un tercio de estas operaciones tuvo como destino Centroamérica, según datos del ICE Flight Monitor de julio, elaborado por Human Rights First.
El 30 de julio, además, se registraron 22 vuelos de deportación en una sola jornada, la cifra diaria más alta desde que comenzó este monitoreo.
Guatemala, el principal receptor centroamericano
Guatemala ocupa uno de los lugares más importantes dentro de esta nueva estructura. En julio recibió 63 vuelos de deportación, solamente por detrás de México, que registró 128 operaciones.
El número representó un aumento del 58 % frente al mes anterior y del 17 % respecto de julio de 2025. En total, 7.035 guatemaltecos fueron deportados durante ese mes, un 62 % más que en el mismo período del año anterior, de acuerdo con el informe citado.
Pero Guatemala no solamente está recibiendo a ciudadanos guatemaltecos.
El presidente Bernardo Arévalo confirmó que, durante 2026, 2.284 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron a Guatemala como escala de tránsito antes de ser enviados nuevamente a México.
Según explicó el mandatario, estos migrantes permanecen en Guatemala por menos de 24 horas mientras las autoridades coordinan su retorno a territorio mexicano. En 2025, solamente 15 mexicanos habían sido trasladados a Guatemala bajo esta modalidad.
El cambio ha despertado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que consideran que el mecanismo podría estar siendo utilizado por Washington como una forma de presión sobre México.
Honduras y el uso de aviones militares
Honduras representa otro de los componentes de esta estrategia.
Durante julio, 13 de los 45 vuelos de deportación hacia Honduras fueron realizados utilizando aeronaves militares estadounidenses, incluidos aviones C-17 Globemaster y C-130J de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los vuelos partieron desde la base de ICE Air en Harlingen, Texas, con destino a San Pedro Sula.
La utilización de aeronaves militares adquiere especial relevancia porque algunos de estos vuelos no transportaron exclusivamente ciudadanos hondureños.
El 17 de agosto, un avión militar procedente de Fort Lauderdale llegó a Honduras con 86 migrantes, entre ellos 50 hondureños y 36 mexicanos.
Documentos oficiales hondureños citados por AP también registraron la llegada de otros mexicanos en vuelos realizados el 13 y el 15 de agosto.
Entre mayo y mediados de julio, otros 165 mexicanos fueron enviados a Honduras, según Third Country Deportation Watch, una iniciativa administrada por Human Rights First y Refugees International.
Costa Rica se convierte en un nodo de tránsito
El caso de Costa Rica es diferente. El país no funciona principalmente como destino de sus propios ciudadanos deportados, sino como un punto de recepción para personas de otras nacionalidades.
En julio, Costa Rica recibió cinco vuelos procedentes de Harlingen, Texas, con un total de 99 personas que no eran costarricenses.
Los traslados se realizaron bajo un Memorando de Entendimiento firmado en 2026, mediante el cual el país aceptó recibir hasta 25 deportados por semana.
Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense estimó que Washington había destinado al menos 32,3 millones de dólares a cinco gobiernos extranjeros para aceptar migrantes deportados.
El mecanismo refleja un cambio importante en la política migratoria estadounidense: las deportaciones ya no necesariamente terminan en el país de nacionalidad de la persona expulsada.
Panamá también participa en los traslados
Panamá ha desempeñado igualmente un papel dentro de esta arquitectura regional.
En julio, el país realizó dos vuelos financiados por Estados Unidos: uno hacia Nicaragua, con 20 personas, y otro hacia Colombia, con 41.
Desde agosto de 2024 hasta julio de 2026, Panamá había ejecutado 74 vuelos bajo este esquema, principalmente hacia Colombia y Ecuador.
La situación ocurre además mientras disminuyen los cruces irregulares por la selva del Darién, una de las principales rutas utilizadas durante años por migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos.
El Salvador y Nicaragua también registran operaciones
La red regional no se limita a los cuatro países que concentran las operaciones más relevantes.
El Salvador registró 18 vuelos de deportación en julio, elevando a 101 el número de operaciones acumuladas durante el año.
Nicaragua, por su parte, recibió nueve vuelos durante ese mismo mes. Entre enero y marzo de 2026, más de 2.500 nicaragüenses habían sido deportados, según las fuentes citadas en el informe.
El debate sobre los derechos de los deportados
La expansión de estas rutas también ha generado cuestionamientos jurídicos.
Amnistía Internacional ha advertido que las deportaciones hacia terceros países deben respetar el principio de no devolución (non-refoulement), una norma del derecho internacional que impide trasladar a una persona hacia un lugar donde pueda enfrentar tortura, persecución o tratos inhumanos.
La organización señaló que al menos 30 países habían firmado acuerdos con Washington y documentó casos en los que personas deportadas a terceros países terminaron detenidas sin acceso adecuado a representación legal.
La discusión cobra relevancia porque los gobiernos que participan en estos acuerdos pueden recibir personas que no son ciudadanos de sus propios países.
Esto transforma una deportación bilateral entre Estados Unidos y el país de origen en una operación que involucra a varios gobiernos y territorios.
La dimensión de la operación también se refleja en los vuelos internos dentro de Estados Unidos. En julio se registraron 1.363 vuelos de traslado entre 61 ciudades estadounidenses, una cifra sin precedentes desde el inicio del monitoreo en 2020.
Detrás de cada deportación internacional existe así una cadena de movimientos: detención, traslado dentro de Estados Unidos, embarque, llegada a un país de destino o tránsito y, en algunos casos, un segundo vuelo hacia otra nación.
Para Centroamérica, esta transformación representa un nuevo desafío. Los países de la región no solamente deben atender el retorno de sus propios ciudadanos, sino que algunos también están asumiendo funciones de tránsito o recepción de personas deportadas por Estados Unidos que tienen otra nacionalidad.
Mientras Washington busca ampliar su capacidad de expulsión migratoria, los acuerdos con gobiernos centroamericanos permiten diversificar las rutas utilizadas para sacar a los migrantes de territorio estadounidense.
El crecimiento de estas operaciones abre además interrogantes sobre los recursos destinados a los países participantes, las condiciones en las que son recibidas las personas deportadas y las garantías legales que deben acompañar cada traslado.
Por ahora, los datos de 2026 muestran que Centroamérica se ha convertido en un componente cada vez más importante de la estrategia migratoria de la administración Trump, con países que cumplen funciones distintas dentro de una misma red regional de deportaciones.
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Fuentes:
