La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves a la administración del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití y Siria, una decisión que podría dejar a cientos de miles de personas expuestas a procesos de deportación.
Con una votación de 6 votos contra 3, el máximo tribunal levantó las órdenes judiciales que impedían al Departamento de Seguridad Nacional cancelar el programa migratorio. La decisión permite al Gobierno avanzar con la eliminación de las protecciones legales que beneficiaban a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, violencia o desastres naturales.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para ofrecer protección migratoria a ciudadanos de naciones donde regresar representaría un riesgo para su seguridad. En el caso de Haití, el beneficio fue otorgado tras el devastador terremoto de 2010 y posteriormente ampliado debido a la crisis humanitaria y de seguridad. Para Siria, el programa se implementó por la guerra civil que afecta al país desde 2011.
La decisión judicial afecta a más de 350.000 ciudadanos haitianos y alrededor de 6.000 sirios, quienes podrían perder sus permisos de residencia y trabajo en territorio estadounidense. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advirtieron que el fallo deja a miles de familias en una situación de incertidumbre jurídica y humanitaria.
El Gobierno de Trump sostiene que las condiciones que justificaron la creación del TPS han cambiado y que corresponde al Poder Ejecutivo decidir cuándo finalizar estas protecciones. En contraste, organizaciones civiles y abogados de los beneficiarios anunciaron que continuarán impulsando acciones legales para proteger a los migrantes afectados.
¿Qué es el TPS?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) permite a ciudadanos de determinados países vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando sus naciones atraviesan guerras, desastres naturales o crisis humanitarias que impiden un retorno seguro. El beneficio no concede la residencia permanente, pero protege a sus beneficiarios mientras permanezca vigente la designación.
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