El alcalde de Boston, Michelle Wu, firmó una orden ejecutiva destinada a limitar el alcance de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro de la ciudad. La medida busca impedir que agencias federales utilicen recursos municipales para la aplicación de la ley migratoria y reforzar la protección de las comunidades inmigrantes.
La orden fue presentada junto a líderes de varias ciudades del área metropolitana y responde a la preocupación de las autoridades locales por operativos migratorios recientes que, según Wu, han derivado en violaciones constitucionales, uso excesivo de la fuerza y temor generalizado entre residentes. La alcaldesa subrayó que Boston no interferirá con la ley federal, pero tampoco permitirá que se utilicen espacios públicos locales sin las garantías legales correspondientes.
Entre los puntos centrales, la orden prohíbe a agentes federales usar propiedades municipales —como edificios públicos, parques, estacionamientos y otras instalaciones de la ciudad— como base, punto de preparación o escenario para operativos migratorios, salvo que exista una orden judicial válida. Asimismo, impide la realización de detenciones civiles de inmigración en áreas no públicas de propiedades municipales sin autorización judicial.
El documento también establece lineamientos para el actuar de la policía de Boston. En caso de tensiones entre agentes federales y la comunidad, los oficiales locales deberán priorizar la desescalada, la seguridad pública y la protección de civiles, evitando confrontaciones directas con autoridades federales.
Otro componente clave de la orden es la transparencia. La ciudad deberá publicar grabaciones de cámaras corporales u otros registros visuales que documenten incidentes de violencia, daños a la propiedad o posibles delitos cometidos por agentes federales en territorio municipal, así como remitir esos casos a las autoridades correspondientes para su investigación.
Wu contextualizó la medida en un escenario nacional marcado por operativos migratorios agresivos en distintas ciudades del país. Según la alcaldesa, Boston tiene la responsabilidad de defender los derechos constitucionales de todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio.
La iniciativa se suma a un movimiento regional más amplio, ya que ciudades cercanas como Cambridge y Somerville han adoptado o evalúan políticas similares para limitar la cooperación municipal con ICE en ausencia de órdenes judiciales.
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