La administración del presidente Donald Trump anunció la entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles a las importaciones procedentes de unos 60 socios comerciales, una decisión que vuelve a tensar las relaciones económicas internacionales y marca una nueva escalada en la política comercial de Estados Unidos.
Las tarifas, que comenzarán a aplicarse desde este viernes, oscilarán entre el 10 % y el 12,5 %, dependiendo del grado de compromiso de cada país para combatir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzado, argumento utilizado por la Casa Blanca para justificar la medida.
Entre los principales socios afectados figuran México, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Japón e India, además de varios países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La decisión representa el más reciente episodio de la guerra comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Durante su segundo mandato, el mandatario ha convertido la política arancelaria en una de las principales herramientas para presionar cambios en materia comercial, laboral y de producción en otros países.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que la medida se adopta bajo el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al Gobierno estadounidense a responder frente a prácticas que considere perjudiciales para el comercio del país.
Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), los nuevos aranceles buscan incentivar a los socios comerciales a prohibir de forma efectiva la importación de productos elaborados con trabajo forzado. Los países que hayan implementado y aplicado estas prohibiciones estarán sujetos a un arancel del 10 %, mientras que aquellos que no lo hayan hecho deberán enfrentar una tasa superior del 12,5 %.
Greer aseguró que la decisión pretende corregir lo que calificó como "una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora", al tiempo que manifestó que el Gobierno estadounidense continuará supervisando el cumplimiento de estos compromisos por parte de los países involucrados.
La medida llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara a comienzos de este año que buena parte de los aranceles globales impuestos bajo poderes de emergencia no cumplían con el marco legal correspondiente. Tras ese fallo, la administración Trump comenzó a utilizar otras disposiciones de la legislación comercial para mantener su estrategia proteccionista.
De hecho, esta misma semana el Gobierno recurrió a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer un arancel del 50 % sobre determinados productos provenientes de Canadá, demostrando que la política comercial seguirá siendo uno de los pilares de la administración.
Sin embargo, la decisión ya ha generado preocupación entre economistas y representantes del sector empresarial. Diversos analistas advierten que los aranceles podrían traducirse en un incremento de los precios para los consumidores estadounidenses, ya que las empresas importadoras suelen trasladar los mayores costos a productos de consumo cotidiano como alimentos, electrodomésticos y otros bienes importados.
Trump, por su parte, sostiene que estas medidas fortalecerán la industria manufacturera nacional, protegerán los empleos estadounidenses y reducirán las prácticas comerciales desleales.
No obstante, varios de los países afectados han comenzado a evaluar posibles acciones legales y medidas de represalia, mientras organizaciones empresariales alertan sobre el riesgo de nuevas interrupciones en las cadenas globales de suministro y un deterioro del comercio internacional.
La administración estadounidense también confirmó que las investigaciones comerciales continúan. Actualmente, el USTR analiza las prácticas de 16 países por presuntos excesos de capacidad de producción, lo que podría derivar en nuevos aranceles antes de finalizar el año.
El anuncio confirma que la estrategia comercial de Donald Trump seguirá centrada en el uso de los aranceles como instrumento de presión diplomática y económica. Mientras Washington defiende la medida como una herramienta para proteger los derechos laborales y la industria nacional, sus principales socios comerciales preparan respuestas que podrían intensificar aún más las tensiones en la economía mundial.
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