Entre redadas y resistencia: Los Ángeles declara emergencia local

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Ante la intensificación de las redadas de inmigración en Los Ángeles, las autoridades locales aprobaron este 14 de octubre una proclamación de estado de emergencia, con el fin de mitigar los efectos sociales y económicos sobre las comunidades más vulnerables.

¿Por qué se declaró el estado de emergencia?

Las redadas de ICE (Immigration and Customs Enforcement) han aumentado durante el verano, generando temor y desestabilización en barrios con alta población migrante.

Las autoridades locales reportan que muchas personas han perdido ingresos, dejado de ir a sus trabajos, o abandonado zonas públicas por miedo a detenciones.

El Consejo de Supervisores del condado votó 4-1 para aprobar la declaración, mientras que una voz disidente argumentó que los poderes de emergencia están pensados para catástrofes naturales, no para acciones federales de inmigración.

Este estatus permite al condado movilizar recursos, acelerar procesos de contratación o compra, y aplicar medidas urgentes para asistir a los afectados.

¿Qué medidas concretas puede activar este estado de emergencia?

• Alivios para la renta: El condado podrá ofrecer ayuda para que inquilinos atrasados por las redadas no sean desalojados de inmediato.

• Fondos para asistencia legal: Podrá canalizar recursos estatales para financiar servicios jurídicos a migrantes que enfrentan procesos de deportación o defensas legales.

• Moratoria de desalojos: La declaración abre la posibilidad de suspender temporalmente desalojos en casos donde los inquilinos puedan demostrar que sus dificultades económicas obedecen a las operaciones migratorias.

• Agilización administrativa: Contrataciones, compras de emergencia, coordinación interinstitucional pueden efectuarse con menos demoras burocráticas.

• Solicitar fondos estatales/federales: El condado puede pedir ayudas externas para sostener las medidas de mitigación.

Impacto de las redadas en LA:

Hay un sentimiento de inseguridad persistente, donde muchas familias optarían por evitar trámites cotidianos en hospitales, escuelas, transporte público por el temor a ser detenidas. También un riesgo de separación familiar, ya que, al incrementarse las redadas en sitios de trabajo, algunos padres o madres podrían ser detenidos dejando a sus familias vulnerables.

Otro de los impactos es la dificultad para pagar renta y servicios. Si los ingresos se ven interrumpidos, muchos podrían enfrentar desalojos o imposibilidad de mantener vivienda.

El acceso desigual a representación legal es una situación que viven muchos migrantes. La asistencia jurídica puede no estar disponible para todos, lo que deja a muchos en desventaja procesal. Igualmente, es probable que el gobierno federal impugne la declaración local, alegando que solo el poder federal puede manejar política migratoria.

Último y no menos importante, la atmósfera de miedo que vive día a día el migrante podría debilitar la cohesión comunitaria en diferentes lugares del país.

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Fuentes:

• Reuters