En discursos recientes, altos mandos del gobierno de Estados Unidos han dejado claro que la campaña militar contra el narcotráfico relacionada con Venezuela podría extenderse más allá del mar: EE. UU. no descarta realizar ataques terrestres dentro de territorio venezolano si los grupos narcotraficantes intentan evadir los operativos marítimos.
Claves del anuncio, reacciones y riesgos legales
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que varias agresiones navales recientes han sido tan efectivas que los carteles podrían estar obligados a cambiar sus rutas, trasladándose hacia rutas terrestres.
El presidente Donald Trump ha ordenado múltiples ataques a embarcaciones vinculadas presuntamente con narcotráfico venezolano, calificando a los implicados como “narcoterroristas” y asegurando que transportaban drogas hacia EE. UU.
El gobierno estadounidense ha enviado cartas al Congreso declarando la existencia de un “conflicto armado no internacional” con los carteles latinoamericanos, lo que permite el uso de fuerza bajo presuntos poderes de guerra.
Desde Caracas, el gobierno liderado por Nicolás Maduro ha condenado las acciones como agresión a la soberanía nacional. Funcionarios venezolanos advierten que cualquier operación dentro del país sería considerada una invasión.
Expertos en derecho internacional han expresado su preocupación: critican la falta de claridad sobre pruebas que vinculen directamente las embarcaciones atacadas con tráfico de drogas, y advierten que ataques en territorio venezolano podrían violar normas internacionales sobre soberanía y derechos humanos.
Lo que viene para Venezuela
Lo que se espera en los próximos días incluye:
- Posible anuncio concreto de opciones militares terrestres si se documenta que los narcotraficantes usan rutas interiores desde Venezuela para cruzar hacia otros países.
- Reacción diplomática venezolana intensa, con llamados a organismos internacionales para intervenir o mediar.
- Debates en EE. UU. sobre la legalidad de estas acciones, especialmente en relación con la autorización del Congreso, las leyes de conflicto armado y los derechos humanos.
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