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Las deportaciones de Trump a El Salvador han desatado polémica tras el traslado de cientos de inmigrantes, a pesar de una orden judicial que pretendía detenerlas. Este incidente, ocurrido el pasado fin de semana, ha puesto en el foco la política migratoria del presidente y su uso de una ley histórica para justificar esta acción.
Decisión en marcha de las Deportaciones de Trump
El sábado, la administración de Trump ordenó la deportación de cerca de 300 inmigrantes —principalmente venezolanos señalados como miembros de la pandilla Tren de Aragua— hacia El Salvador. Esto se llevó a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma invocada durante la Guerra de 1812 y las Guerras Mundiales I y II, que requiere que el presidente declare que Estados Unidos está en guerra. Trump la activó argumentando que la situación migratoria actual equivale a una “invasión” y un “estado de guerra”.
Sin embargo, el juez federal James E. Boasberg emitió ese mismo día una orden temporal para detener las deportaciones de Trump, cuestionando su legalidad. A pesar de ello, dos aviones con inmigrantes ya estaban en camino hacia El Salvador y Honduras, y no fueron detenidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la medida, afirmando que la orden judicial llegó después de que los inmigrantes ya habían sido removidos del territorio estadounidense. Trump evadió responder directamente si desobedeció al juez, pero insistió en que “eran malas personas” que debían ser expulsadas.
El papel de El Salvador
Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, El Salvador aceptó recibir a estos inmigrantes a cambio de $6 millones por mantenerlos un año en la mega prisión CECOT, conocida por sus condiciones severas. “Oopsie… demasiado tarde”, escribió Bukele en la red social X sobre un artículo acerca del fallo de Boasberg. Las deportaciones de Trump a El Salvador también incluyeron a dos líderes de la pandilla MS-13, previamente arrestados en EE.UU.
La Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por Trump, se ha empleado históricamente en guerras declaradas, como en la Segunda Guerra Mundial para internar a japoneses-americanos. Su uso actual ha sido fuertemente criticado por países como Venezuela, que lo calificó como un recordatorio de “los episodios más oscuros de la historia humana”.
Reacciones y consecuencias legales
Expertos como Steve Vladeck, de la Universidad de Georgetown, sostienen que, aunque la orden verbal de Boasberg de regresar los aviones no se plasmó por escrito, la administración violó el “espíritu” de la decisión judicial. Esto podría derivar en fallos más estrictos contra el gobierno en el futuro. Mientras tanto, el Departamento de Justicia apeló la decisión del juez y se comprometió a no usar la proclamación de Trump para más deportaciones, a menos que se anule la orden.
Las deportaciones de Trump a El Salvador han puesto en riesgo los derechos de los inmigrantes afectados. Según abogados, algunos podrían ser acusados erróneamente de pertenecer a Tren de Aragua y deportados sin defensa legal. Videos divulgados por el gobierno salvadoreño muestran a los deportados llegando encadenados y siendo llevados al CECOT.
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