EE.UU. entregó datos de beneficiarios de Medicaid a Seguridad Nacional para reforzar deportaciones.
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La administración del expresidente Donald Trump transfirió esta semana al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un extenso conjunto de datos personales de millones de afiliados al programa Medicaid, en un movimiento que facilitaría la localización y posible deportación de migrantes, especialmente en ciudades con programas estatales de salud para no ciudadanos.
Los datos, que incluyen nombres, direcciones, números de seguro social e historiales médicos, fueron recabados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y entregados a DHS a pesar de la oposición de funcionarios internos. La transferencia se centró en personas residentes de California, Illinois, el estado de Washington y Washington D.C., donde existen programas que otorgan beneficios de salud a inmigrantes indocumentados usando únicamente fondos estatales.
Newsom advierte sobre impacto y posible ilegalidad
El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó con profunda preocupación por el uso que el gobierno federal podría dar a esta información.
“Valoramos la privacidad de todos los californianos”, dijo en un comunicado. “Esta transferencia de datos es extremadamente preocupante y, si se confirma, potencialmente ilegal, especialmente por el riesgo de que se use para atacar a comunidades vulnerables”.
La alarma se enciende mientras fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y marines, participan en redadas de inmigración en Los Ángeles.
Medicaid, un salvavidas para comunidades latinas
Medicaid es un programa fundamental para millones de latinos en EE.UU., especialmente para aquellos sin acceso a seguros médicos privados. En estados como California e Illinois, existen versiones estatales del programa que cubren a inmigrantes sin estatus legal, incluyendo atención preventiva y de emergencia, pagada exclusivamente con fondos locales.
“Estos programas estatales abrieron las puertas para que inmigrantes ilegales exploten Medicaid y obliguen a los estadounidenses trabajadores a pagar la cuenta”, dijo Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Además, la Casa Blanca vinculó esta acción con la orden ejecutiva “Fin a los subsidios de los contribuyentes para fronteras abiertas”, firmada por Trump en febrero, reforzando su enfoque de tolerancia cero hacia la inmigración irregular.
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