Acroterion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Los vuelos de deportación en Estados Unidos han alcanzado niveles históricos bajo la administración del presidente Donald Trump, según informes de activistas y datos de seguimiento.
Organizaciones como La Resistencia en Seattle y el grupo Witness at the Border, liderado por el exbanquero Tom Cartwright, han documentado un aumento significativo en el número de vuelos de deportación desde el inicio del segundo mandato presidencial. En julio de 2025, Cartwright registró 1.214 vuelos relacionados con deportaciones, el número más alto desde que comenzó su seguimiento en enero de 2020. Desde enero hasta julio de 2025, se contabilizaron 5.962 vuelos, lo que representa un incremento del 41 % en comparación con el mismo período en 2024.
La mayoría de estos vuelos son operados por aerolíneas como GlobalX, Eastern Air Express y Avelo Airlines, que transportan a inmigrantes a otros aeropuertos para ser transferidos a vuelos internacionales o directamente a países de América Central y México.
Sin embargo, los activistas han denunciado que las aerolíneas están tomando medidas para ocultar la información sobre estos vuelos. Utilizan señales de llamada falsas y bloquean los números de cola de los aviones mediante el programa LADD (Limiting Aircraft Data Displayed) de la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que dificulta su seguimiento en sitios web públicos de rastreo de vuelos.
Métodos nuevos ante la falta de transparencia
Ante esta falta de transparencia, los grupos de derechos de los inmigrantes han recurrido a métodos alternativos para monitorear los vuelos, como compartir información entre organizaciones y utilizar intercambios de datos de código abierto que rastrean las transmisiones de aeronaves.
Otro método, es intensificar la vigilancia en aeropuertos locales, como el Aeropuerto Internacional del Condado de King en Seattle, donde se han documentado vuelos de deportación.
La falta de información sobre los vuelos de deportación dificulta la localización de los inmigrantes detenidos y genera preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes exigen mayor transparencia y responsabilidad en las operaciones de inmigración.
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