The White House / Donald J. Trump, Public domain, via Wikimedia Commons
Una coalición de más de veinte fiscales generales estatales demandó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump por exigir a los estados la entrega de datos personales confidenciales de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como “cupones para alimentos”. La querella, presentada en una corte federal de California, acusa a la administración de utilizar esta información para intimidar a comunidades inmigrantes y vulnerables, bajo el pretexto de combatir el fraude.
La demanda fue interpuesta en una corte federal de California y está encabezada por los fiscales generales de California, Rob Bonta; Nueva York, Letitia James; y Michigan, Dana Nessel.
Datos sensibles requeridos por el Trump
Según la demanda, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), que administra SNAP, solicitó a los estados que entreguen información a detalle de los solicitantes del programa y de los últimos cinco años. Esto incluye nombres completos, fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones y códigos postales.
La fecha límite para entregar esos datos es el próximo 30 de julio, y el USDA ha advertido que los estados que no cumplan podrían enfrentarse a procedimientos de incumplimiento, lo que podría derivar en la retención de fondos federales.
Acusaciones de violación a la privacidad y persecución política
Los fiscales estatales consideran que esta exigencia representa una violación de las leyes de privacidad estatales y federales, y advierten que podría ser utilizada como una herramienta de intimidación contra comunidades inmigrantes y de bajos recursos.
“Esta acción sin precedentes rompe aún más la confianza entre el Gobierno federal y las personas a las que sirve”, afirmó Rob Bonta, fiscal general de California.
Durante una conferencia de prensa virtual, Bonta enfatizó en que esta medida no responde a una preocupación genuina por el fraude o el despilfarro en el sistema, ya que SNAP se considera un programa con tasas muy bajas de fraude documentado.
Impacto en comunidades vulnerables
La fiscal de Nueva York, Letitia James, denunció que la información que ahora exige el Gobierno la proporcionaron los beneficiarios para obtener ayuda alimentaria, no para incluirlos en una base de datos gubernamental con fines de vigilancia.
“Las familias dieron sus datos para alimentar a sus hijos, no para ser blanco de políticas migratorias inhumanas”, señaló James.
Actualmente, SNAP beneficia a más de 42 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo niños, adultos mayores, personas con discapacidades, trabajadores con salarios bajos y familias inmigrantes.
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