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Durante una alocución a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que su gobierno evalúa autorizar 134 nuevos proyectos mineros que representarían una inversión conjunta de más de US$6.000 millones.
Reactivación minera: una prioridad de gobierno
Boluarte explicó que el Ejecutivo ha priorizado el análisis de proyectos que podrían entrar en etapa de construcción entre 2025 y 2026, destacando iniciativas clave como el proyecto de cobre Zafranal, en Arequipa, y el proyecto de hierro Pampa de Pongo, en Ica. Ambos están en condiciones de comenzar obras próximamente, representando más de US$4.700 millones en inversión inicial.
“Nuestro compromiso es impulsar la inversión responsable, formal y ambientalmente sostenible”, afirmó la mandataria.
Fondo para pequeños mineros y formalización
La presidenta también anunció la creación de un fondo privado para apoyar a los pequeños mineros formalizados, con el objetivo de fomentar su competitividad y facilitar el acceso a financiamiento, tecnología y seguridad laboral.
En paralelo, el gobierno proyecta que la minería formalizada por pequeños productores genere ventas superiores a US$5.000 millones anuales al cierre de 2025.
Tensiones con la minería informal
El anuncio se produce en un contexto tenso con los sectores de minería informal, luego de que más de 50.000 mineros fueran excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Actualmente, solo 31.000 mineros continúan en proceso de formalización y deberán cumplir con los requisitos técnicos y legales antes de que finalice el año, según lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas.
La minería como motor económico
La minería representa aproximadamente el 10% del PBI peruano y más del 60% de sus exportaciones totales. Perú es el segundo productor mundial de cobre, solo por detrás de Chile. El país también tiene reservas significativas de oro, plata, zinc y hierro.
El gobierno de Boluarte buscará por medio de los proyectos mineros estabilizar su situación política y reactivar la economía tras años marcados por protestas sociales, cambios de gabinete y una caída en la inversión privada.
Si bien el anuncio ha sido bien recibido por gremios empresariales, sectores ambientalistas y comunidades afectadas por operaciones mineras han pedido que el proceso se realice con total transparencia y con respeto a los derechos de consulta previa y protección de ecosistemas sensibles, como los Andes y la Amazonía.
Además, se espera que el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) monitoreen de cerca el avance de los proyectos.
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