Migrantes deportados bajo custodia de EE. UU. en El Salvador
El Salvador confirmó ante la ONU que EE. UU. mantiene la jurisdicción sobre migrantes enviados al CECOT.
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Una nueva polémica se ha desatado tras revelarse que Estados Unidos mantiene jurisdicción legal sobre los migrantes deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, contradiciendo declaraciones oficiales previas. La información fue confirmada por el propio gobierno salvadoreño ante la ONU, generando repercusiones políticas y judiciales en ambos países.
En marzo de 2025, más de 200 migrantes (en su mayoría venezolanos) fueron enviados al CECOT bajo la justificación de representar una amenaza a la seguridad nacional. La acción se amparó en la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y fue parte de un acuerdo bilateral por el que EE. UU. transfirió 6 millones de dólares a El Salvador para la recepción de hasta 300 personas.
Aunque un juez federal ordenó la suspensión de los vuelos, los traslados ya se habían ejecutado para al menos 238 personas. Las autoridades estadounidenses alegaron que, una vez en territorio salvadoreño, la responsabilidad pasaba al país anfitrión. Sin embargo, el informe oficial entregado por El Salvador a la ONU desmiente esa versión.
El Salvador: “Estados Unidos tiene plena responsabilidad legal”
La nota diplomática enviada a Naciones Unidas por la representación salvadoreña señala que los migrantes deportados no están bajo jurisdicción del sistema judicial de El Salvador, sino que su detención responde a una solicitud del gobierno estadounidense. El documento afirma que la custodia, el proceso legal y la rendición de cuentas recaen exclusivamente sobre Washington.
Este reconocimiento ha fortalecido las demandas presentadas por organizaciones como la ACLU y Democracy Forward, que argumentan que los deportados fueron privados de su libertad de forma ilegal y sin debido proceso, muchos de ellos sin antecedentes penales ni órdenes judiciales.
Denuncias de tortura y tratos crueles hacia los migrantes
Varias ONG y abogados defensores han documentado denuncias de malos tratos, tortura, hacinamiento y condiciones extremas en el CECOT. Casos como el del venezolano Kilmar Abrego García, quien habría sufrido palizas sistemáticas y aislamiento, han despertado la alarma de organismos internacionales de derechos humanos.
La mayoría de los migrantes fueron detenidos al ingresar por vías legales a EE. UU. o mientras esperaban respuesta a sus solicitudes de asilo. Según los abogados, al menos el 60 % no tenía antecedentes penales y fue arrestado sin orden judicial bajo el criterio administrativo de “riesgo potencial”.
Implicaciones legales y políticas
El reconocimiento de que Estados Unidos mantiene el control legal sobre estas personas abre una nueva fase en los litigios en curso. Cortes federales podrían obligar a la administración Trump a responder por las condiciones de detención.
Además, el caso reaviva el debate sobre soberanía, derechos humanos y el uso de cárceles extranjeras para evitar el escrutinio interno, un tema que ya genera tensiones diplomáticas con varios países latinoamericanos.
Un precedente peligroso
Expertos advierten que, de regularizar esta situación, se establecería un precedente para la externalización de la justicia migratoria sin garantías legales para los afectados.
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Fuentes:
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