Justicia de EE. UU. exige información electoral a 19 estados
El DOJ solicita datos de votantes en 19 estados; expertos temen riesgos para la privacidad y la integridad electoral en EE.UU.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha encendido las alarmas entre funcionarios estatales y expertos en integridad electoral. Según reportó la agencia Associated Press, al menos 19 estados han recibido requerimientos oficiales del gobierno federal solicitando acceso a registros de votantes, procedimientos de verificación y documentación relacionada con presuntos casos de fraude electoral.
Aunque el Departamento de Justicia no ha ofrecido explicaciones públicas sobre el objetivo de esta iniciativa, múltiples autoridades estatales y organizaciones dedicadas a la supervisión del voto advierten sobre posibles implicaciones legales y políticas detrás de las solicitudes.
Un patrón federal que levanta sospechas
Las solicitudes, gestionadas principalmente por la Sección de Derecho Electoral del Departamento de Justicia, comenzaron a enviarse entre abril y julio de este año a los secretarios de Estado. Hasta ahora, al menos diez estados —entre ellos Arizona, Colorado, Florida, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva York, Utah y Wisconsin— han confirmado haber recibido comunicaciones formales del gobierno federal.
En muchos casos, las cartas pedían:
- Copias completas de registros de votantes,
- Documentación sobre procesos de limpieza de padrones,
- Archivos de supuestos votantes no ciudadanos,
- Correspondencia interna sobre cómo manejaron denuncias de fraude.
En Colorado, por ejemplo, la solicitud cubría “todos los registros disponibles sobre la elección de 2024”, incluyendo documentos derivados de la elección de 2020
DOJ: ¿Para qué la información?
Aunque desde el DOJ no ha señalado oficialmente la razón de esta recolección de información, algunos expertos sugieren que se trata de una respuesta directa a la agenda impulsada por la Casa Blanca bajo Donald Trump, quien ha puesto el combate al presunto fraude electoral como una de sus prioridades.
No obstante, no hay evidencia significativa de fraude electoral masivo en los comicios recientes. Una revisión de múltiples informes estatales, cortes y auditores independientes ha concluido que el fraude es raro y aislado.
El giro es notable: hasta 2021, la sección electoral del DOJ se centraba principalmente en proteger el derecho al voto, especialmente en comunidades vulnerables. Desde marzo de este año, una nueva orden ejecutiva firmada por Trump instruyó al fiscal general a “coordinar acuerdos de intercambio de datos” con gobiernos estatales para detectar votos ilegales.
Estados se resisten
No todos los estados han respondido de la misma manera. En Minnesota, las autoridades negaron entregar información, argumentando que las solicitudes violan leyes de privacidad. Maine, por su parte, denunció públicamente que la petición del gobierno federal fue “excesiva y sin base jurídica clara”.
Otros estados, como Illinois y California, han accedido solo parcialmente, entregando versiones públicas de los registros sin datos personales.
Riesgo institucional
El debate ha escalado más allá del ámbito técnico. El exabogado del DOJ, David Becker, calificó las solicitudes como “intrusivas” y “sin precedente reciente en tiempos no electorales”. A su vez, Justin Levitt, experto en derecho constitucional, advirtió que el gobierno federal podría estar cruzando líneas legales delicadas al usar su poder para recolectar datos sin un motivo judicial claro.
“La independencia de las autoridades electorales ha sido una piedra angular de la democracia estadounidense”, dijo Levitt. “Lo que estamos viendo ahora es un intento de politizar procesos técnicos”.
¿Qué sigue?
La Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS), que reúne a los jefes electorales de todo el país, ha comenzado a coordinar respuestas conjuntas y solicitar mayor transparencia al gobierno federal. Algunos temen que esta táctica se replique antes de las elecciones legislativas de 2026.
“La democracia requiere confianza, y no se construye con presión e intimidación”, advirtió un secretario de Estado que pidió el anonimato.
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Fuentes:
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