EE.UU. llegó a 13,7 millones de indocumentados en 2023
Informe estima 13,7 millones de indocumentados en EE.UU. en 2023 mientras el cierre del Gobierno entra en su día 22 sin acuerdo.
Foto de Annika Gordon en Unsplash
Un reciente informe del Migration Policy Institute (MPI) estima que cerca de 13,7 millones de personas indocumentadas residían en los Estados Unidos a mediados de 2023, lo que representa un crecimiento significativo frente a los 12,8 millones del año 2022.
Este informe, coincide con un momento de creciente tensión política, debido al prolongado cierre parcial del gobierno federal, que entra en su vigésimo segundo día sin visos de solución y se encamina a convertirse en el segundo más largo de la historia del país.
Auge histórico de indocumentados
Según el análisis de la MPI, gran parte del incremento de la población indocumentada se debe a un fuerte repunte en los cruces fronterizos y al uso ampliado de mecanismos de ingreso “humanitario” o permisos de parole que permitieron la entrada de migrantes sin visa formal.
El porcentaje de inmigrantes no autorizados dentro de la población extranjera total alcanzó aproximadamente el 27 % en 2023, frente al 22 % en 2021.
Este fenómeno complicó el panorama migratorio de Estados Unidos, ya que implicaba desafíos para el control fronterizo, la integración social, los servicios públicos y las políticas de regularización.
Cierre del gobierno: bloqueo político y agenda migratoria sin consenso
En paralelo al informe de crecimiento de la población indocumentada, el Congreso estadounidense atraviesa un bloqueo grave. El liderazgo republicano del Senado, representado por John Thune, confirmó que volverá a intentar una votación de financiación provisional, pero reconoció que el cierre puede prolongarse.
Los demócratas exigen que la aprobación incluya una extensión de los subsidios de salud del programa Affordable Care Act (Obamacare), mientras que los republicanos rechazan negociar hasta que se reabra el Gobierno, acusando a los demócratas de obstaculizar el acuerdo.
El resultado es una parálisis institucional que podría dejar sin nómina a numerosos empleados federales y aumentar la presión sobre sectores críticos como el de control de tráfico aéreo, que ya enfrenta escasez estructural.
El cierre comprometido no sólo tiene implicaciones económicas, sino que también está directamente ligado al debate migratorio: en un momento en que la población indocumentada alcanza su máximo estimado, el Gobierno federal se ve incapacitado para avanzar en reformas de inmigración, asignaciones de recursos y políticas de supervisión.
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