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En una votación cerrada de 48 contra 51, el Senado de los Estados Unidos rechazó un proyecto de resolución que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para lanzar ataques militares en el Caribe sin la autorización del Congreso.
La iniciativa, impulsada por los senadores demócratas Adam Schiff (California) y Tim Kaine (Virginia), pretendía activar la Ley de Poderes de Guerra de 1973 (War Powers Resolution) para exigir que el Ejecutivo solicitara respaldo legislativo antes de ejecutar operaciones militares contra presuntos narcotraficantes.
Qué implican los ataques de Trump en el Caribe
Desde principios de septiembre, la administración Trump ha llevado a cabo al menos cuatro bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe, presuntamente vinculadas al narcotráfico. En esos ataques se reportan al menos 21 muertos.
El gobierno sostiene que las naves atacadas transportaban drogas hacia EE. UU. y que los grupos implicados han sido declarados “terroristas” para justificar el uso de fuerza militar.
Posturas encontradas en el Senado
- Quienes apoyaron la resolución advertían que estos operativos constituyen una expansión excesiva del poder ejecutivo, sin supervisión ni rendición de cuentas, y podrían violar la Constitución al eludir al Congreso.
- Sus opositores argumentaron que limitar estos ataques debilitaba la capacidad presidencial para responder con rapidez ante amenazas ligadas al narcotráfico.
- Dentro del partido republicano, sólo Rand Paul y Lisa Murkowski rompieron filas para acompañar la resolución demócrata.
- Por su parte, el senador John Fetterman (Demócrata) fue el único de su bancada que votó en contra de llevar adelante la propuesta.
Consecuencias y próximos pasos
Con la derrota de la resolución, la Casa Blanca podrá mantener sus operativos marítimos sin requerir la aprobación directa del Congreso, al menos por ahora.
No obstante, la tensión política continuará en el Capitolio:
- Es posible que el Congreso insista con versiones futuras de la resolución, con modificaciones para aumentar su viabilidad.
- Los legisladores exigirán mayor transparencia sobre los ataques: datos sobre los objetivos, justificaciones legales, víctimas civiles, inteligencia usada, etc.
- A nivel internacional, países latinoamericanos, especialmente Colombia y Venezuela, han manifestado alarma por la operación: el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que una de las embarcaciones atacadas era colombiana y transportaba ciudadanos de su país.
- Desde el Ejecutivo, se prevé que Trump adopte una defensa legal basada en la designación de narcotraficantes como “combatientes ilegales” y en la noción de que estas acciones son una respuesta necesaria frente a una amenaza nacional.
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