http://www.presidencia.gob.ec/, Public domain, via Wikimedia Commons
El 7 de octubre de 2025, el convoy presidencial de Daniel Noboa fue atacado por manifestantes en la provincia de Cañar, cuando se dirigía a El Tambo para inaugurar una planta de tratamiento de aguas.
Unos 500 manifestantes lanzaron piedras contra los vehículos protegidos, e incluso se reportan daños de bala en el vehículo presidencial.
Noboa salió ileso. La administración detuvo a cinco personas implicadas y les imputarán cargos de terrorismo y atentado contra el presidente.
Causas probables del ataque a Noboa:
Eliminación del subsidio al diésel:
Los manifestantes señalaron que el factor desencadenante de las protestas generales fue la noticia de que el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, lo que hizo que su precio subiera de aproximadamente US$ 1,80 a US$ 2,80 por galón.
Las comunidades afectadas —especialmente áreas rurales, transportistas, agricultores— rechazan la medida por su repercusión en sus costos de vida y producción.
Movimiento indígena y protesta social:
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha liderado las movilizaciones. Piden no solo revertir la medida, sino también mejoras en hospitales, reducción del IVA, solución a problemas estructurales, etc.
Reclaman también mayor diálogo y que el gobierno atienda sus demandas antes de aplicar medidas con fuerte impacto económico.
Tensión política y acumulación de malestar:
Hay descontento generalizado por alzas en precios, falta de medicamentos en hospitales, problemas de servicios, y una sensación de que las decisiones se toman sin suficiente participación.
El gobierno ha respondido declarando estado de excepción en varias provincias, movilizando fuerzas militares y policiales, lo que algunos interpretan como medidas autoritarias o represivas.
Implicaciones:
Noboa tomó posesión de su nuevo período presidencial en mayo de 2025. Parte importante de su gobierno ha estado marcado por una estrategia de “mano dura” contra el crimen organizado, bandas, narcotráfico.
Su gobierno también ha promovido reformas legales para endurecer penas, autorizar mayores facultades para las fuerzas de seguridad, y ha negociado alianzas polémicas (por ejemplo, con la empresa vinculada a Erik Prince / Blackwater) para reforzar la seguridad.
Estos esfuerzos se cruzan con la fragilidad económica, desigualdad, crisis de servicios públicos, y reclamos populares de que el costo de las medidas recaiga sobre los sectores más vulnerables.
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Sources: