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La disputa por la deportación de Kilmar Abrego Garcia, un residente de Maryland enviado por error a El Salvador, ha generado un intenso debate sobre la política migratoria y la cooperación internacional. Garcia fue deportado a pesar de una orden judicial que lo protegía, lo que ha provocado duras críticas por la violación del debido proceso. Ahora, ambos países se niegan a facilitar su regreso, a pesar de una orden de la Corte Suprema de EE. UU.
Contexto
Kilmar Abrego Garcia, ciudadano salvadoreño que vivía legalmente en Maryland con un permiso de trabajo, fue deportado el 15 de marzo de 2025, en lo que el gobierno estadounidense calificó inicialmente como un “error administrativo”.
Una orden judicial de inmigración de 2019 prohibía su deportación a El Salvador por temor a persecución por parte de pandillas. Sin embargo, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en las afueras de San Salvador, junto a otros acusados de tener vínculos con pandillas.
Recientemente, la Corte Suprema de EE. UU. ordenó a la administración Trump “facilitar” el regreso de Garcia, pero tanto funcionarios estadounidenses como el presidente salvadoreño Nayib Bukele se han negado a cumplir con el fallo.
Respuesta de EE. UU. y El Salvador
Funcionarios estadounidenses, incluida la fiscal general Pam Bondi, argumentan que el destino de Garcia está en manos de El Salvador, ya que es un ciudadano salvadoreño bajo custodia de ese país. Afirman que EE. UU. no tiene autoridad para extraerlo y sostienen que su deportación, aunque con fallas procesales, fue justificada por supuestos vínculos con la pandilla MS-13—acusaciones que los abogados de Garcia niegan, señalando la falta de pruebas creíbles.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó además que la protección previa contra su deportación ya no aplica, ya que la MS-13 ha sido designada como organización terrorista.
El presidente Bukele dijo que las peticiones para devolver a Garcia eran “absurdas”. Reafirmó la soberanía de El Salvador sobre el detenido, quien permanece en el CECOT bajo un acuerdo en el que EE. UU. paga $6 millones para albergar a deportados.
El Rol de los Acuerdos Internacionales
Desde marzo de 2025, más de 200 migrantes—principalmente venezolanos acusados de actividad delictiva, han sido enviados al CECOT. Esta alianza se alinea con la ofensiva de Bukele contra las pandillas, que ha encarcelado a más de 84,000 personas y ha aumentado su popularidad en el país.
Sin embargo, en medio de la rapidez con la que la administración Trump ejecuta las deportaciones, los tribunales han planteado dudas sobre los derechos individuales y constitucionales, como el debido proceso, que implica procedimientos legales justos y establecidos, incluyendo la notificación y la oportunidad de ser escuchado antes de privar a una persona de sus derechos.
Aunque la Corte Suprema permitió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones, también exigió audiencias judiciales para los afectados—un requisito que, según críticos, no se cumplió en el caso de Garcia.
Los abogados de Garcia argumentan que la inacción del gobierno viola la directiva de la Corte Suprema. Mientras tanto, legisladores demócratas, incluido el senador por Maryland Chris Van Hollen, han pedido a Bukele que libere a Garcia, criticando el desprecio por los fallos judiciales.
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Fuente: Associated Press