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El presidente de Ecuador decretó este martes un estado de excepción en siete provincias del país ante las crecientes paralizaciones de transportistas que han bloqueado carreteras y afectado la movilidad en distintas regiones.
La medida, que incluye la movilización de fuerzas policiales y militares, busca garantizar el orden público y evitar mayores afectaciones al suministro de bienes y servicios esenciales. Según el decreto presidencial, el estado de excepción regirá inicialmente por 60 días y contempla restricciones al derecho de libre tránsito en zonas estratégicas.
Los transportistas iniciaron las protestas en rechazo al incremento de los costos operativos, el alza de combustibles y lo que consideran una falta de respuesta del gobierno a sus demandas históricas. En varias ciudades, el bloqueo de vías ha generado complicaciones en el abastecimiento de alimentos y combustibles, así como retrasos en el transporte público y privado.
“Ecuador no puede detenerse. Esta decisión se toma para proteger a los ciudadanos y garantizar que los servicios esenciales continúen funcionando”, señaló el mandatario en un mensaje a la nación.
Organizaciones sociales y gremiales han expresado preocupación por la decisión, advirtiendo que podría intensificar el conflicto. Sin embargo, el gobierno asegura que mantiene abiertos los canales de diálogo con los transportistas para alcanzar una solución negociada.
El estado de excepción abarca provincias clave del corredor andino y de la costa, donde se concentran las principales movilizaciones, y se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración en un contexto de tensiones económicas y sociales.
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