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Estados Unidos se encuentra oficialmente en cierre federal desde el 1 de octubre, luego de que el Congreso no alcanzara un acuerdo presupuestario antes de la fecha límite. La falta de consenso entre republicanos y demócratas sobre los niveles de gasto y recortes fiscales provocó la suspensión de buena parte de las operaciones gubernamentales, con consecuencias que ya se sienten en todo el país.
Cierre federal: Un desacuerdo político con alto costo
El cierre —conocido en inglés como government shutdown— ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes que financian a las agencias federales. Sin fondos disponibles, las dependencias deben detener gran parte de sus actividades y enviar a miles de empleados a casa sin paga.
Aunque los servicios considerados “esenciales”, como defensa, control aéreo o seguridad nacional, continúan operando, los trabajadores lo hacen sin recibir salario hasta que el presupuesto sea restablecido.
El presidente Donald Trump y los líderes legislativos intercambiaron acusaciones durante el fin de semana. La Casa Blanca insiste en que el Congreso “debe aprobar un presupuesto responsable”, mientras que la oposición demócrata acusa al Ejecutivo de usar el cierre como táctica política para forzar recortes en programas sociales y ambientales.
Agencias afectadas y servicios suspendidos
Más de 800.000 empleados federales han sido suspendidos o trabajan sin pago.
Los aeropuertos reportan demoras debido a la falta de personal en control aéreo y seguridad.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) interrumpió la mayoría de sus inspecciones, mientras que el Departamento de Educación ha pausado procesos de nuevos préstamos y becas.
Asimismo, tribunales federales operan con personal mínimo y las audiencias migratorias no urgentes han sido pospuestas.
El programa de nutrición para mujeres, bebés y niños (WIC) advirtió que sus fondos podrían agotarse si el cierre se prolonga más de dos semanas, afectando a millones de familias vulnerables.
Golpe económico inmediato
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y analistas independientes, el cierre podría costar a la economía hasta 15 000 millones de dólares por semana en pérdida de productividad y actividad económica.
Los contratistas federales también se ven perjudicados: proyectos de infraestructura, tecnología y servicios públicos han sido congelados.
Economistas advierten que, si el cierre se extiende, podría afectar el crecimiento del PIB del último trimestre de 2025 y generar una caída en la confianza de los consumidores y mercados financieros.
Panorama incierto
Mientras sindicatos presionan por una reapertura inmediata, el Gobierno asegura que mantendrá la suspensión hasta lograr un presupuesto “alineado con los intereses nacionales”.
Sin embargo, las negociaciones siguen estancadas: republicanos buscan mayores recortes al gasto, y demócratas exigen mantener la financiación de programas sociales y ambientales.
La última vez que EE. UU. enfrentó un cierre prolongado fue en 2018-2019, y duró 35 días, el más largo en la historia moderna del país. Analistas temen que el episodio actual podría superarlo si el bloqueo político persiste.
El cierre golpea con más fuerza a quienes dependen de los programas federales. Familias de bajos ingresos, empleados públicos y beneficiarios de asistencia alimentaria ya enfrentan incertidumbre.
A nivel social, la parálisis del gobierno también refuerza la percepción de polarización política y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
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