Cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Haití y distintos países de Centroamérica, se preparan para emprender una nueva caravana en el sur de México con el objetivo de exigir a las autoridades la regularización de sus documentos. Denuncian que los procesos migratorios son lentos, poco claros y, en muchos casos, vulnerables a la corrupción.
En Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, miles de personas permanecen varadas desde hace meses esperando una respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y del Instituto Nacional de Migración (INM). Entre ellos hay mujeres embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas que han decidido marchar en grupo para hacer visible su situación y reclamar un trato digno.
La detención reciente del activista Luis García Villagrán, conocido por acompañar caravanas y denunciar extorsiones dentro de los trámites migratorios, intensificó el malestar entre los migrantes. Para muchos, su arresto fue interpretado como un intento de silenciar las críticas a un sistema que, aseguran, les obliga a pagar sobornos para acceder a documentos básicos.
Las principales exigencias se centran en la entrega de visas humanitarias, permisos de residencia y formularios migratorios múltiples que permitan transitar por México sin riesgo de detención. Algunos grupos ya han logrado obtener tarjetas humanitarias o de residente permanente, especialmente familias y personas vulnerables, pero la mayoría sigue atrapada en un limbo legal. Organizaciones de derechos humanos advierten que, sin soluciones estructurales, las medidas parciales apenas alivian la crisis.
Respuestas oficiales y tensiones
El gobierno mexicano ha ofrecido agilizar la expedición de documentos provisionales para quienes forman parte de la caravana. En varios casos, la entrega de permisos ha llevado a que grupos se disuelvan temporalmente, aunque persisten dudas sobre la eficacia y la continuidad de estos acuerdos. Para los migrantes, la regularización es urgente: sin papeles, quedan expuestos a detenciones arbitrarias, abusos de autoridades y condiciones de vida precarias en albergues sobrepoblados.
La situación refleja un dilema mayor. Por un lado, el Estado busca controlar los flujos migratorios y reducir la presión en la frontera norte; por otro, los migrantes reclaman derechos básicos y la posibilidad de continuar su camino sin miedo. La caravana no es solo un movimiento de protesta, sino también un símbolo de resistencia frente a un sistema que los mantiene en la incertidumbre.
Mientras tanto, el clima de tensión crece en el sur de México. Organizaciones civiles advierten que, si no se atienden de fondo las causas del estancamiento, nuevas caravanas seguirán surgiendo. La actual movilización es un recordatorio de que la migración en la región no se detiene y que las soluciones temporales difícilmente podrán frenar una dinámica marcada por la desigualdad y la desesperación.
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