Boston desafía a Washington por políticas de ciudad santuario
Foto de CDMA en Unsplash El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió el 13 de agosto cartas a varias jurisdicciones catalogadas como “ciudades santuario”, acusándolas de interferir con la
Foto de CDMA en Unsplash
El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió el 13 de agosto cartas a varias jurisdicciones catalogadas como “ciudades santuario”, acusándolas de interferir con la aplicación de las leyes migratorias. Entre ellas está Boston, cuyo gobierno recibió una advertencia directa:
Eliminar políticas locales como la Boston Trust Act o arriesgarse a perder fondos federales y enfrentar procesos criminales.
La carta, firmada por la fiscal general Pam Bondi, exigía a la alcaldesa Michelle Wu responder antes del 19 de agosto confirmando “pleno cumplimiento con la ley federal” y detallando los pasos inmediatos para revertir las normativas consideradas ilegales.
Wu: “Boston no se rendirá”
En una conferencia frente al City Hall, la alcaldesa Wu rechazó la presión del gobierno federal.
“Dejen de atacar a nuestras ciudades para ocultar sus fracasos. Boston sigue la ley. Y Boston no se rendirá”, declaró.
Horas más tarde, Wu envió una carta formal a Bondi, en la que acusó a la administración de utilizar la intimidación como estrategia política:
“Amenazar con procesar a funcionarios locales y retener ilegalmente fondos es un ataque sin precedentes contra nuestras comunidades”, escribió.
La defensa de la Boston Trust Act
El eje del conflicto es la Boston Trust Act, norma que prohíbe a la policía local colaborar con agentes de inmigración sin una orden judicial. Para Wu, esta política garantiza que todos los residentes —incluidos los inmigrantes— puedan reportar delitos sin temor a deportaciones, lo que fortalece la seguridad pública.
“Boston es la ciudad grande más segura de Estados Unidos gracias a décadas de cooperación comunitaria, leyes estrictas de armas y políticas locales que protegen a todos nuestros vecinos”, señaló Wu en su respuesta.
Argumentos legales y soberanía local
Wu respaldó su postura con decisiones judiciales recientes. Citó fallos en Illinois y California, donde tribunales federales ratificaron el principio de “antimonopolización” del gobierno central, es decir, que Washington no puede obligar a los estados ni a los municipios a ejecutar programas federales.
Asimismo, recordó la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts en el caso Lunn v. Commonwealth (2017), que prohíbe a la policía detener personas solo por órdenes de inmigración.
“La Constitución de Estados Unidos protege el derecho de los gobiernos locales a definir sus políticas de seguridad pública”, afirmó la alcaldesa.
La amenaza de recortes y un clima de tensión
La administración federal ha advertido que las jurisdicciones que mantengan políticas santuario podrían perder subvenciones escolares, fondos para carreteras y hasta contratos hospitalarios y de investigación. Bondi también sugirió que funcionarios locales podrían enfrentar cargos criminales.
Wu, sin embargo, aseguró que la ciudad no se doblegará ante “amenazas inconstitucionales ni coerción ilegal”:
“Boston nunca dejará de ser un faro de libertad y un hogar para todos”.
Un frente más amplio
Boston forma parte de una lista de 35 jurisdicciones bajo la mira del Departamento de Justicia, junto con otras 17 ciudades y 12 estados. Varios alcaldes han manifestado que, más allá de las diferencias políticas, el debate pone en riesgo la cooperación entre comunidades locales y el gobierno federal en temas de seguridad y desarrollo.
Con este nuevo enfrentamiento, Boston se coloca en el centro de una batalla política y legal, solo queda esperar la respuesta de La Casa Blanca ante la rueda de prensa y carta de la alcaldesa Wu.
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