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En lo que se ha descrito como la mayor operación de control migratorio en un solo sitio realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes federales llevaron a cabo una redada en la construcción de la planta de baterías para vehículos eléctricos del consorcio Hyundai-LG en Georgia, deteniendo aproximadamente a 475 trabajadores, entre los cuales más de 300 eran ciudadanos surcoreanos.
La operación fue ejecutada por múltiples agencias, entre ellas ICE, el FBI, el DEA, ATF, Homeland Security Investigations y la Patrulla Estatal de Georgia, y se basó en una orden judicial que inicialmente apuntaba a solo cuatro personas. Está siendo investigada una posible explotación laboral y violaciones en el uso de visas.
Respuesta diplomática y repatriación
El gobierno de Corea del Sur actuó de inmediato. El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, se trasladó a Washington para negociar la liberación de los detenidos. Se confirmó que Seúl coordina un vuelo chárter para repatriar voluntariamente a los nacionales surcoreanos, una medida inusual en este tipo de casos.
Un alto funcionario presidencial surcoreano anunció que las negociaciones han concluido y que la repatriación se hará tan pronto concluyan los trámites administrativos. Se espera que los trabajadores puedan regresar el miércoles posterior a la redada.
Repercusiones para inversiones y política migratoria
La operación generó alarma en Corea del Sur y tensiones diplomáticas, ya que ocurrió tras una reciente cumbre donde se sellaron ambiciosos acuerdos de inversión entre ambos países.
El secretario de Seguridad Interior de EE. UU., Kristi Noem, afirmó que la redada no afectará la inversión extranjera y que estas acciones refuerzan la claridad en las políticas migratorias vigentes.
Por su parte, el presidente Trump defendió la operación, animando a las empresas extranjeras a respetar las leyes de inmigración: “Si traen talento extranjero, háganlo dentro de la legalidad y formen trabajadores estadounidenses”, escribió en su plataforma social.
Impacto en el proyecto y contexto
La redada provocó una paralización temporal de la construcción en la planta de Hyundai-LG, una inversión clave estimada en 4.300 millones de dólares diseñada para abastecer miles de vehículos eléctricos.
LG Energy Solution suspendió viajes de negocios a EE. UU. y pidió a los empleados que permanecieran en sus alojamientos o regresaran a casa, asegurando estar cooperando para asegurar una salida segura de sus trabajadores.
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