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En las últimas horas, la Administración Trump solicitó recientemente acceso a la Estación Naval Great Lakes, ubicada a unos 56 km al norte de Chicago, para brindar apoyo logístico a operaciones de ICE y otras agencias federales de inmigración previstos para septiembre. Se ofrecerían instalaciones, infraestructura y otros recursos a partir del 2 hasta el 30 de septiembre.
El Pentágono también está evaluando el posible despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional, y en algunos escenarios contemplados incluso unidades activas, dentro de una estrategia más amplia para enfrentar la criminalidad, la inmigración indocumentada y la falta de vivienda en ciudades dirigidas por demócratas, incluyendo Chicago.
Las autoridades estatales y municipales, como el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson, se han manifestado con firmeza contra estas iniciativas. Pritzker subrayó que “Chicago no necesita ni quiere intervención militar” y lamentó la falta de comunicación con la Casa Blanca. El alcalde Johnson advirtió que esta medida podría socavar la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden.
Líderes democráticos como el congresista Hakeem Jeffries acusaron al presidente de “fabricar una crisis” con fines políticos.
Expertos legales han cuestionado la legitimidad de este tipo de despliegue. Señalan que la Ley Posse Comitatus limita el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad interna, y su aplicación podría estar fuera de la normativa vigente sin una clara justificación legal como una insurrección o emergencia declarada.
La solicitud de utilización de la base militar para operaciones de ICE y el posible envío de tropas militares a Chicago podría abrir una crisis política y constitucional, donde sólo queda esperar un enfrentamiento entre poder federal con los gobiernos demócratas locales.
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